Guía para valorar propuestas anticorrupción
¿Cómo valorar los méritos de las propuestas anticorrupción que presentarán los candidatos a la presidencia de la República en 2018? En año electoral prometer no empobrece y podemos esperar que en materia de combate a la corrupción se presenten propuestas populistas, inviables, o bien que algún candidato decida irse por la ruta segura del lugar común y mantener una prudente distancia de las propuestas innovadoras y disruptivas. Ante la posibilidad de confusión, conviene contar con algunos parámetros que nos ayuden a hacer una estimación sobre el valor real de las propuestas de los candidatos y, por tanto, de la importancia, seriedad, tiempo y reflexión que cada equipo de campaña invirtió en la elaboración de sus propuestas anticorrupción.
1.- En primer lugar, es importante tomar en cuenta que no existe una receta para el combate anticorrupción. No hay en el mundo ejemplos de reformas profundas y de largo plazo que hayan tenido éxito en el combate a la corrupción. La literatura reciente sobre corrupción nos indica que los procesos de democratización en muchos países no han ayudado a resolver los problemas de corrupción ni de niveles de bienestar social. Políticas como el impulso a leyes de acceso a la información, endurecimiento de sanciones (teoría de los peces gordos) y la adopción de códigos de ética, tampoco han mostrado tener un efecto importante.
2.- Una de las razones del fracaso de las políticas anticorrupción, sobre todo en países en desarrollo, ha sido la brecha entre diseño de políticas y la realidad institucional de los países. La adopción de ‘mejores prácticas’ que han funcionado en países desarrollados no florecen en países con menor nivel de desarrollo, en los que la corrupción no es la excepción sino la regla, y en donde la relación de los ciudadanos con las instituciones (la obtención de puestos en el gobierno, de contratos públicos, subsidios, servicios, acceso a la justicia, etcétera) está regida por decisiones ‘particulares’, influenciadas por intercambios corruptos, gobernadas por la desigualdad social o por la influencia política, lo contrario a la ‘imparcialidad’ que debe prevalecer en una sociedad en la que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
3.- En la literatura contemporánea sobre corrupción existe un consenso general de que lo contrario a la corrupción no es transparencia ni ética, sino gobernanza e imparcialidad en las decisiones públicas. Gobernanza no solamente se refiere a la eficiencia y eficacia (la calidad) de un gobierno, sino a la inclusión de criterios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, lo cual lleva a la legitimidad (buen gobierno). Lo que caracteriza a las sociedades que han logrado controlar la corrupción ha sido la construcción de buenos gobiernos, en los que todos los ciudadanos son tratados con imparcialidad en su relación con las instituciones públicas.
4.- Lograr la plena imparcialidad de la relación entre ciudadanos y gobierno es un problema de difícil solución, dadas las grandes desigualdades de poder que existen en México y que se explican por las diferencias de ingreso, educación, información o por discriminación étnica, de género, o bien de acceso a posiciones de poder político. Las políticas anticorrupción, por tanto, deben tener al menos en parte una visión que busque atenuar las asimetrías de poder y construir un buen gobierno.
Un programa anticorrupción de este tipo podría tomar en cuenta algunas propuestas generales:
• Una política de manejo de la información pública que pase del acceso a la información a políticas de apertura focalizada, que den respuesta de forma proactiva a la demanda específica de información de grupos específicos de ciudadanos, empezando por quienes son más vulnerables.
• El relanzamiento del sistema de Servicio Profesional de Carrera en el gobierno, pues como proponen Dalström y Lapuente, de la Universidad de Gotemburgo (Organizing Leviathan, Politicians, Bureaucrats and the Making of Good Government), las administraciones públicas menos corruptas, más efectivas e innovadoras, son aquellas en las que las carreras de los servidores públicos están separadas de las carreras de los políticos y de la lógica electoral.
• El uso de tecnologías que manejan grandes cantidades de datos (Big Data), utilizando bases ya existentes en el gobierno y con el mejoramiento de las que tenemos para prevenir, detectar e investigar actos de corrupción, así como la posibilidad de utilizar otros desarrollos recientes como el Blockchain, para mejorar las capacidades preventivas de la corrupción y asegurar la integridad en el uso de recursos públicos.
• Un mayor control del uso de efectivo, fomentando la bancarización y los mecanismos de identificación biométricos, como se ha hecho con éxito en India.
• Una mayor cooperación internacional, privilegiando el seguimiento a las recomendaciones de las convenciones internacionales anticorrupción, utilizando el Sistema Nacional Anticorrupción para dar seguimiento a la adopción de esas recomendaciones en los tres poderes.
• La adopción de estrategias basadas en ciencias de comportamiento para prevenir la corrupción, el trato imparcial a los ciudadanos y la mejora de la calidad de los servicios públicos.
Tomado de El Financiero. (2018). Guía para valorar propuestas anticorrupción. Disponible en http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/benjamin-hill/guia-para-valorar-propuestas-anticorrupcion
